El concepto de dictadura, según precisa en sus diferentes acepciones la Real Academia de la Lengua Española, "es el gobierno con facultades extraordinarias, como las del dictador romano, es decir, era elegido por los cónsules romanos en época de emergencia y de peligro en su territorio o país". Otra acepción precisa que "es el gobierno que, invocando el interés público, se ejerce fuera de las leyes constitucionales del país". A este respecto, también queremos dar a conocer el significado de golpe de Estado: "medida grave y violenta que extrema uno de los poderes del Estado usurpando las atribuciones del otro". Asimismo tampoco podemos dejar en el aire el significado de democracia: "doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. Es decir, es el predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado".

El presente informe constituye un apretado resumen de los principales episodios que le ha tocado transitar al país, en relación a los gobiernos de facto. En ese sentido, intentamos dar estos alcances, especialmente a nuestra juventud que, sin proponérselo y mal aconsejado por sus familiares, quienes no les cuentan lo que vivieron en esas dictaduras, sirviendo esto para que sean engañados y manipulados, equivoca la conceptualización específica del término "dictadura". Como podrán analizar líneas adelante, las principales dictaduras que se implantaron en nuestro país fueron seis, de las cuales cinco fueron de tendencia derechista, como las de Augusto B. Leguía, Luis Sánchez Cerro, Manuel A. Odría, Ricardo Pérez Godoy, Nicolás Lindley y Francisco Morales Bermúdez. La de Juan Velasco Alvarado fue una dictadura impregnada de tendencias prosoviéticas, mereciendo ser conocido como el gobierno dictatorial Velasco-comunista.

Pues bien, le invitamos a recorrer esos caminos que registra nuestra historia, para conocerla más de cerca.

Con don Augusto B. Leguía
En las elecciones presidenciales de 1919, Augusto B. Leguía fue el legítimo ganador. Sin embargo, faltando pocos días para su asunción al mando, encabezó un golpe de Estado, argumentando que el presidente José Pardo y el civilismo intentaban impedir su llegada al poder. De este modo, pretendió convertirse en el intérprete del cansancio de muchos sectores ante el monopolio político que había ejercido el Partido Civil desde finales del siglo XIX. El caudillo fue un hombre esencialmente pragmático, no un doctrinario, con mentalidad empresarial para hacer política, con una clara tendencia al autoritarismo, que supo aprovechar el desgaste de los viejos partidos.

Nace el "Wiracocha"
Leguía, tras reconocer y legalizar la propiedad de las comunidades indígenas, comenzá a ser considerado el nuevo "Wiracocha" en algunas poblaciones andinas. Le gustó el nombrecito, y así se autotituló, y en sus presentaciones pronunciaba discursos en quechua, lengua que además desconocía. Pero allí no queda la cosa, pues los incondicionales del "Oncenio", hablaron del "Siglo de Leguía", del "Júpiter Presidente", del "Nuevo Mesías", comparando al fundador de la "Patria Nueva", con Alejandro Magno, Julio César, Napoleón y Bolívar.

El "Oncenio" desmanteló políticamente al civilismo (exilió a sus principales líderes e intimidó a sus órganos de prensa). Realizó, eso sí, numerosas e importantes obras públicas y permitió el surgimiento de nuevos grupos sociales y políticos. Pero cayó en los mismos vicios del clientelismo, del paternalismo, del autoritarismo, de la corrupción y de la demagogia. La tarea de construir un Estado más representativo y nacional quedó aún pendiente.

Pero, como no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, a principios de 1928 aparecen los signos finales del declive. Para remate, empiezan a caer los precios de las exportaciones (cobre, lanas, algodón y azúcar) y, con la crisis económica, desciende el favor de la opinión pública.

Finalmente el "Wiracocha" es convertido en "el tirano" a secas.

Joven dictador
Es en esas circunstancias que surge la figura del comandante Luis Sánchez Cerro, quien en Arequipa liderá un levantamiento en 1930. Leguía es apresado en Lima y recluido en la Penitenciería. Víctima de una penosa enfermedad, el presidente que más años gobernó el Perú falleció (según se dice, en la pobreza) en el hospital Naval del Callao el 6 de febrero e 1932, cinco meses después de su derrocamiento.

El mayor mérito de Sánchez Cerro fue el de haber acabado con el "tirano" que gobernó al país durante once años. Fue invitado a formar parte del exclusivo Club Nacional y la oligarquía percibió que podía contar con un candidato apoyado por las masas y respaldado por el Ejército.

Sin embargo, se registraron disturbios obreros y universitarios, así como alzamientos militares en Arequipa y el Callao. La situación se puso tan crítica que Sánchez Cerro tuvo que dimitir ante una junta de notables (marzo de 1931) presidida por Leoncio Elías.

Vuelve la democracia
Los desórdenes se sucedieron ininterrumpidamente, terminando la banda presidencial en manos de David Samanez Ocampo, quien convocó a elecciones generales.

Entre los principales candidatos se presentaron Luis Sánchez Cerro, por el Partido de la Unión Revolucionaria (UR) y Víctor Raúl Haya de la Torre, por el APRA. La contienda electoral tuvo un legítimo dueño: Sánchez Cerro con 152,000 votos. En tanto, Haya de la Torre consiguió 106,000.

En la tempestad de la violencia
Una vez que asumió el mando, el Apra inició una feroz campaña de oposición y violencia, hasta prácticamente desembocar en una guerra civil. Los sucesos fueron desencadenándose en forma dramática. Pronto circularon rumores de conspiraciones e intentos de asesinatos. El Congreso aprobó una Ley de Emergencia destinada a reprimir cualquier desmán que pudiera cometer el Apra, que se convierte en feroz organización de choque que arrasaba con la tranquilidad pública, desatándose un clima de violencia permanente. Se cerraron los locales apristas, se clausuró su órgano periodístico La Tribuna y el 18 de febrero de 1932 fueron desaforados y luego deportados los parlamentarios de la oposición.

"El año de la barbarie"
Haya de la Torre fue recluido en la isla del Frontón. Surge entonces aquella relación basada en el terror, entre el Apra y el Ejército cuyos signos fueron: la sublevación de la marinería aprista en el Callao (7 de mayo de 1932), la sangrienta revolución aprista de Trujillo que se inició con la masacre de varios oficiales del ejército en el cuartel O'Donovan y terminó con la ejecución masiva de sus líderes y seguidores en los muros de la ciudadela de Chan Chan (7 de julio de 1932), la rebelión de Huaraz (13 de julio de 1932), que dejó una cruenta estela de sangre y dolor entre los peruanos.

Acusan al Apra
El gobierno culpó a la dirigencia aprista de instigar o participar directamente en todos estos acontecimientos. Sánchez Cerro sufre un atentado contra su vida. Un joven aprista le disparó por la espalda y milagrosamente salva la vida. Pero, en un segundo atentado, consiguen su cometido: el militar es asesinado.

Presidente de emergencia
Con su muerte, el Congreso decide nombrar como presidente de la República para completar el período del difunto gobernante, al general Oscar R. Benavides, en abierta violación constitucional, pero se invocó la situación de emergencia en 1939. Las elecciones fueron ganadas por Manuel Prado, quien fue bautizado con el nombre de "el dictadorcillo". él puso mano fuerte contra el Apra y a pesar de ser un civil y de haber ganado unas elecciones democráticas actuó como un dictador en ése su primer gobierno.

La dictadura de Odría
El 27 de octubre de 1948, cuando era presidente constitucional José Luis Bustamante y Rivero, se subleva la guarnición de Arequipa al mando del general Manuel A. Odría, quien declara fuera de la ley al Apra y al comunismo. Prescindiendo de un Congreso, Odría gobernó dictatorialmente con el apoyo de la oligarquía exportadora. Pudo superar parcialmente la crisis económica, eliminando el control de cambios e incrementando la producción algodonera y minera orientada a la exportación. Sus obras lo llevaron a un real incremento de su popularidad. Esto llevó a Odría a "renunciar" a su mandato en 1950 y convocar a elecciones en las que fue candidato único. Quería convertirse en presidente constitucional y lo logra ciñéndose la banda presidencial el 28 de julio de 1950. Manda a apresar a su único candidato opositor. Sin embargo, las características políticas y económicas del régimen serían las mismas. Tras decretar la suspensión de garantías individuales mediante la ley de seguridad interior, le fue posible controlar y reprimir a los principales partidos con influencia en las organizaciones sindicales y populares y a otros sectores de oposición a su gobierno.

El crecimiento
Durante su gobierno logra el crecimiento económico debido a una política de libre cambio, apoyado también con un nuevo producto de exportación: la harina de pescado, que convirtió al Perú en la primera potencia pesquera del mundo.

En 1956 se realizan los comicios para cambiar de gobierno. Manuel Prado Ugarteche se alza con el triunfo seguido de un emergente Fernando Belaúnde Terry.

Víctor Raúl Haya de la Torre, candidato de la Alianza Democrática, obtuvo el mayor respaldo electoral en los comicios generales de 1962. Sin embargo, al no haber alcanzado el tercio de los votos necesarios, se reservó la elección al Congreso de la República. Fue en ese contexto que afloraron las acusaciones de fraude electoral, que precipitaron el golpe militar del 18 de julio de 1962. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas presiona al Jurado Nacional de Elecciones para que declare nulas las elecciones aduciendo errores en los padrones, un alto ausentismo, la existencia de libretas electorales duplicadas. En la madrugada del día siguiente, Prado es derrocado, formándose una junta militar de gobierno. De esta manera se instaló el primer gobierno institucional de las Fuerzas Armadas.

La junta militar de gobierno estaba compuesta por el presidente del comando conjunto y los tres comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Estos eran el general Ricardo Pérez Godoy, quien la presidía, el general Nicolás Lindley, el teniente general FAP Pedro Vargas Prada y el contralmirante Francisco Torres Matos. La junta implementa medidas reformistas, pero reprimió el movimiento campesino, a los sindicatos y a la izquierda.

Detienen políticos
El 5 de enero de 1963 cayeron en una redada unos 1,500 dirigentes políticos, sindicales y campesinos, quienes fueron enviados a las cárceles de El Frontón y el Sepa. En marzo de 1963 Pérez Godoy fue reemplazado por el general Lindley, al parecer por haber mostrado sus intenciones de perpetuarse en el poder.

La junta militar cumplió con convocar a nuevas elecciones en 1963, en las cuales salió elegido Fernando Belaúnde Terry.

Velasco y su revolución
El 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado encabezó una junta militar que depuso en el gobierno a Belaúnde Terry iniciando un monopolio estatal en varios sectores productivos, entre otras medidas de fuerza.

Los medios de comunicación
Entre los primeros sectores afectados por las medidas del gobierno estuvieron los periodistas y los medios de prensa. Los diarios Expreso y Extra (ambos de propiedad de Manuel Ulloa Elías) y la revista Caretas fueron clausurados en noviembre de 1968.

Para enfrentar a los medios de prensa opositores al gobierno, en marzo de 1969 se crea la todopoderosa Oficina Central de Información (OCI). En marzo de 1970 se concreta la expropiación de Expreso y Extra. En abril es declarada en quiebra y clausurada La Tribuna, vocero del Apra. Asimismo con el 85% de acciones del Banco Popular, el gobierno de facto obtuvo el diario La Crónica. En noviembre de 1971 se decreta la compra por parte del Estado del 51% de las acciones de los canales de televisión privada, con lo que asumió su control. Las empresas de radio y televisión productoras de programas continuaron en manos de sus propietarios, el Estado creó Telecentro, una empresa mixta con los antiguos dueños. En la madrugada del 27 de julio de 1974 las sedes de los diarios La Prensa y "Ultima Hora" (de propiedad de Pedro Beltrán), El Comercio (de la familia Miró Quesada); Correo y Ojo (de propiedad del empresario pesquero Luis Banchero Rossi), fueron ocupadas, dictándose esa misma mañana un decreto por el cual se confiscarían. En adelante, el gobierno nombraría a los directores y a los gerentes de las empresas editoras. Según el decreto, el gobierno no asumiría directamente el control de los diarios sino que estos serían transferidos a los sectores organizados de la sociedad: El Comercio fue entregado a los campesinos, La Prensa a las comunidades laborales, Expreso y Extra a la comunidad educativa, Correo a los profesionales, Ultima Hora a los trabajadores de servicios y Ojo a los intelectuales.
La Crónica dependería directamente de la presidencia de la República.

En este estado de cosas, la OCI se constituyó en una suerte de auscultadora de todas las informaciones que publicaban estos medios. La libertad de prensa fue totalmente conculcada y bajo ningún punto de vista se permitió la libre expresión de los periodistas.

La OCI se constituyó en la entidad intermediaria entre el Ejecutivo que elaboraba los informes y todo tipo de noticias para los diarios conculcados. Por su parte, las revistas se las revisaba al dedillo y la parte editorial debía pasar por varias manos militares antes de ser publicada. Tras las consabidas aprobaciones, recién era posible publicar dicho texto. Esa era la forma en que la libertad de expresión fue pisoteada en toda su verdadera magnitud, como característica principal de la dictadura militar.

Masacre total
Por otro lado, una fecha que quedaría marcada en las retinas de los peruanos de ese entonces, fue cuando el 5 de febrero de 1975, la ciudad de Lima quedó desguarnecida al decretarse una huelga de la Guardia Civil, produciéndose el robo y saqueo de numerosas tiendas del centro de Lima, así como el ataque a diarios de filiación gobiernista como Correo. Desde Palacio de Gobierno se ordena la salida de las tropas de la Segunda Región Militar a cargo del general Leonidas Rodríguez Figueroa, que reprimen a sangre y fuego tanto a los saqueadores como a los manifestantes.

El saldo oficial de esta intervención fue de 86 muertos, 155 heridos, 1,012 detenidos y 53 policías enjuiciados, según datos de Aldo Panfichi y Dirk Kruijt. El gobierno acusó oficialmente al PAP de alentar los disturbios y protestas, cosa que éste siempre negó.

El "Tacnazo"
Al mediodía del 29 de agosto de 1975, Velasco Alvarado abandona Palacio de Gobierno, tras el golpe militar promovido desde Tacna por el general Francisco Morales Bermúdez. La presión sindical no se deja esperar. Al año siguiente, el gobierno militar declara en emergencia los sectores minero y pesquero. Convoca a elecciones para la Asamblea Constituyente el 18 de junio de 1978, como preludio del regreso a la civilidad a través de elecciones generales convocadas para mayo del año siguiente, concluyendo así una etapa de dictadura militar que duró 12 años.

Sin embargo, la libertad de prensa, continuó embargada. Toda la información era digitada por Palacio de Gobierno a través de la cada vez más omnipotente OCI. El periodismo libre tuvo que ser defenestrado de su pedestal nuevamente. Esto se vio agudizado en 1977 con la deportación de 16 dirigentes sindicales y políticos de izquierda, de generales velasquistas en retiro y del director de la revista El Tiempo, el periodista y ahora congresista de la República Alfonso Baella Tuesta, entre otros colegas quienes vieron peligrar su vida ante lo desconocido del rumbo hacia donde se dirigían. Felizmente regresaron con vida tras experimentar una serie de vicisitudes propias del encierro, la incertidumbre y la tortura sicológica a que fueron sometidos cada uno de ellos.

El autogolpe
Siendo presidente de la República el ingeniero Alberto Fujimori, anuncia el establecimiento de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, la disolución del Congreso, del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Consejo Nacional de la Magistratura y de los gobiernos Regionales y anuncia la realización de un plebiscito para aprobar la nueva Constitución. Convoca a nuevas elecciones generales democráticas donde logra obtener el 64.42 por ciento de los votos frente a su más cercano competidor Javier Pérez de Cuéllar, quien sólo obtiene el 21.8 por ciento.

Diferencias
Durante los diez años de gobierno del presidente Alberto Fujimori, a comparación de lo que señalan ciertas voces al tratar de ubicarlos en una atmósfera eminentemente dictatorial, sencillamente se equivocan teniendo en cuenta el reinado de la libertad de expresión que, como se puede apreciar, llega inclusive al libertinaje. Podemos citar como ejemplo los famosos diarios "chicha", cuyo mensaje, sea a favor del gobierno o en contra, se hace muy popular y discutido. Basta dar una mirada a los quioscos de venta de periódicos y podremos fácilmente identificarlos.

Durante la dura época velasquista jamás habrían tenido ni un segundo de existencia. Y qué decir de todo lo que señalan en denuncias sin pruebas determinados personajes del actual periodismo nacional.
Tampoco olvidemos expresiones como las del ex decano del Colegio de Abogados de Lima, Vladimir Paz de la Barra, quien hizo famoso su odio a Fujimori con un grotesco: "¡Fuera chino de mierda!". En tiempos de la dictadura militar jamás se le habría permitido y en una verdadera dictadura, ya habría sido deportado en cuerpo y alma. Es que la juventud universitaria actual no ha tenido oportunidad de conocer, por ejemplo, cuando la revista "Caretas" durante la época militar publicó una carátula aludiendo en la foto al general Armando Artola, a la sazón ministro del Interior, y colocando en titular "Mamita Artola", que le valió la inmediata deportación a Enrique Zileri Gibson y un nuevo cierre de este semanario político. Esos eran tiempos de dictadura, en las que el ciudadano peruano no tenía ninguna opción de demostrar la libertad de sus pensamientos ni de su acción. Ahora pueden decir de todo y hasta poner de carátula un montaje en el que el presidente sale de un wáter. ¿Dictadura?

Respecto al gobierno actual, podemos señalar que el país tiene una inflación del tres por ciento anual, que contrasta con el 4,600 por ciento que dejó la administración aprista. El presupuesto general de la República está equilibrado. Estamos dentro del sistema financiero mundial y somos sujeto de crédito interno y externo. Estamos al día en el pago de la deuda externa y hay reservas monetarias que han permitido sortear, con éxito, las crisis financieras que han conmovido a la economía mundial en los últimos años.

Además el viejo problema del terrorismo está solucionado. El Perú goza de paz interna. Los problemas limítrofes pendientes con Ecuador y Chile han sido resueltos con el beneplácito de la comunidad mundial, consolidando la tranquilidad en el frente externo.

La situación política tiene algunos aspectos notables. No hay deportados por razón de sus ideas, ni presos políticos, ni partidos fuera de la ley.

Existe plena libertad de expresión. Los problemas surgidos entre los accionistas de algunos canales de televisión o la crisis financiera de algunas empresas son debido a un exceso de impuestos y cargas que los hacen inmanejables y los tienen con el "cuco" de la Sunat, que nosotros hemos denunciado varias veces. Esto tiene que cambiar, sin lugar a dudas.

En ese sentido, la juventud peruana tiene la obligación de conocer su historia, tal cual es, con el fin de que haga su propio análisis para el bien suyo y de la comunidad que representa y evitar así que se le engañe y manipule.

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